El debate sobre los límites de la lucha contra la piratería digital ha adquirido una nueva dimensión en España. Por primera vez, un partido político ha alzado la voz contra las prácticas de bloqueo masivo impulsadas por LaLiga y Telefónica durante la emisión de partidos de fútbol.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través del diputado Néstor Rego, ha registrado en el Congreso una iniciativa exigiendo al Gobierno que intervenga ante lo que califica de “prácticas abusivas y descontroladas”.
La preocupación no gira en torno al combate contra la piratería en sí, sino al método empleado. Según denuncia Rego, estas acciones están provocando la caída temporal de miles de páginas web legítimas, afectando a empresas, instituciones y servicios esenciales para la ciudadanía. “No se respetan los términos de la autorización judicial, que establece que no pueden perjudicarse a terceros”, ha señalado.
Un patrón recurrente: el fútbol como detonante
Los bloqueos se producen durante encuentros de gran audiencia, como el reciente clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. LaLiga aplica restricciones sobre direcciones IP que podrían estar difundiendo contenidos de forma ilegal. Sin embargo, muchas de estas IP están asociadas a servicios ofrecidos por compañías como Cloudflare, un proveedor estadounidense que da soporte a millones de páginas web, entre ellas institucionales como la RAE o corporativas como las de CaixaBank, Microsoft y Snapchat, entre otras muchas.
El resultado es que cada jornada de fútbol de alto perfil supone interrupciones en servicios digitales clave. Durante el último fin de semana, plataformas como Steam, la red social X, la pasarela de pagos Redsys y múltiples apps móviles han experimentado cortes de servicio. El patrón se repite desde febrero, con un número creciente de afectados. Según estimaciones del ingeniero Jaume Pons, unas 3,5 millones de páginas web podrían estar potencialmente comprometidas por estos bloqueos.
A pesar de que los cortes afectan derechos constitucionales como la libertad de información y la libertad de empresa, el Gobierno se mantiene al margen. Consultado por el diario El País, el Ministerio para la Transformación Digital ha respondido que: “Respetamos las decisiones judiciales”, lo que ha generado inquietud entre expertos y profesionales del sector tecnológico. “Se están aprovechando del absoluto desconocimiento del juez en materia tecnológica”, defiende Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, en unas declaraciones realizadas al diario del grupo Prisa. “La legislación permite bloquear webs, sí, pero no así. Es como pintar una fachada con cañonazos”, añade.
Tensión con proveedores tecnológicos
LaLiga justifica su actuación alegando que algunos proveedores, como Cloudflare, no colaboran con la identificación y eliminación de contenidos ilícitos. “Cloudflare no hace nada”, afirman fuentes de la entidad, que señalan que otras plataformas como TikTok y Telegram sí actúan con rapidez.
No obstante, las críticas no se limitan a los medios afectados. Empresas como Vercel y Netlify, que ofrecen servicios fundamentales para el desarrollo y la publicación web, han mostrado su preocupación. Guillermo Rauch, CEO de Vercel, denunció públicamente en X que LaLiga bloqueó una IP suya sin previo aviso, a pesar de haber establecido canales de colaboración específicos. “Una organización de fútbol no debería tener la capacidad de bloquear el acceso a internet para millones de usuarios”, asegura.
“Muchas webs no saben que están siendo afectadas. Se enteran por las métricas: pérdida de tráfico, cestas de compra no completadas, caída del SEO”
LaLiga sostiene que se trata de errores puntuales que no volverán a repetirse. Aun así, el malestar en el ecosistema tecnológico persiste. “Muchas webs no saben que están siendo afectadas. Se enteran por las métricas: pérdida de tráfico, cestas de compra no completadas, caída del SEO”, explica Jaume Pons.
La iniciativa del BNG marca un punto de inflexión político. Hasta ahora, ningún otro grupo parlamentario había abordado la cuestión, a pesar del impacto transversal de los bloqueos. Rego exige al Gobierno que actúe para frenar la delegación de decisiones sensibles en manos privadas. “Es incomprensible que empresas puedan bloquear páginas web. Y peor aún, que se haga sin control y con autorización judicial mal aplicada”, ha declarado.
El conflicto entre la protección de derechos de autor y la integridad de la infraestructura digital sigue abierto. Mientras tanto, miles de webs legítimas siguen viéndose afectadas cada semana, sin que exista un marco claro que proteja tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios digitales.
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